En la actividad se reflexionó sobre la forma en que la justicia ha operado en la búsqueda de la verdad en los casos de crímenes de lesa humanidad.
En la conferencia, el ex ministro Solís hizo un recuento de lo que él mismo llamó “sus memorias”, y donde enumeró que en la dictadura cívico-militar sucedida entre 1973 y 1990, se registraron “3.000 ejecuciones clandestinas y desapariciones forzadas, unas 30.000 detenciones arbitrarias y más de 9.000 atroces torturas”. Agregó además que las desapariciones forzadas son crímenes de carácter permanente, “que se sigue cometiendo día a día mientras no aparezca el secuestrado vivo o muerto”.
Solís afirmó que además de la impunidad jurídica que existió en los comienzos de la vuelta a la democracia, en estos días existe una “impunidad biológica”, y explicó que “puesto que la extensa demora en poner término a los juicios ha permitido que las víctimas y los testigos estén falleciendo, y que los victimarios por su decrepitud no puedan ser encarcelados”. Agregó además “sabemos que sucesos y entretelones de las violaciones a los derechos humanos, en el comienzo de la transición en nuestro país, no transcendieron al público, por censura o auto censura, de modo que la historia oficial resultó extremadamente sesgada; y la no oficial fue intencionada, o insuficiente.”
“Confío en que los historiadores (e historiadoras), que seguirán investigando para globalizar y proyectar las historias definitivas, nos darán respuestas a trascendentales interrogantes”, sentenció, finalmente. Cabe destacar que el Sr. Alejandro Solís llevó a su cargo varias causas de violaciones a los Derechos Humanos realizadas por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte, entre las cuales destacan los casos de Villa Grimaldi, Parral y Linares. Además dictó condena de primera instancia por los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa, donde se sentenció a Manuel Contreras a doble cadena perpetua, entre otros militares y civiles acusados.