El encuentro se propuso como objetivo, desde una idea del docente como profesional reflexivo, definir y expresar la visión de los profesores con respecto al SIMCE, puesto que se trata de una voz que en general ha estado ausente del discurso público. En ese contexto, expusieron las profesoras Luzgardy Jiménez y Silvana Sáez, además del editor de Docencia Sebastián Núñez y Marcelo Castillo, de Alto al SIMCE.
La profesora Jiménez sintetizó algunos de los planteamientos presentados en los artículos del número especial de la revista. Se refirió al SIMCE como un mecanismo que forma parte de un modelo de mercado en educación, que a partir de la dictadura rompió con una cultura educativa centrada en la democratización, el rol activo de los docentes y la responsabilidad del Estado por el sistema educativo. En ese marco, se refirió a la evaluación como forma de control y ejercicio de poder, que como dispositivo de vigilancia busca desmantelar la educación pública al exponerla como deficiente. Junto con ello, la profesora aludió al concepto específico de evaluación que se promueve por medio del SIMCE, que se centra en la rendición de cuentas y en los valores de la eficiencia y los resultados, lo que responde a los principios de una ideología neo-liberal, donde las escuelas pasan a ser empresas que deben competir entre sí. Finalmente, planteó la pregunta hasta ahora ausente de la discusión pública en torno a la calidad, tanto en el sentido de develar cómo este concepto está anclado en un modelo de mercado en que la idea de educación como servicio predomina por sobre la del derecho a la educación, como de discutir y definir qué tipo de educación queremos, qué entendemos por una ‘buena’ educación.
Núñez, por su parte, retomó algunas de estas ideas y contextualizó la noción de calidad como un aspecto que el actual modelo sitúa en los padres como clientes que eligen entre escuelas que compiten, y en los profesores, quienes aparecen como los principales responsables por la educación del país. Ello constituye un mecanismo que consolida la desvinculación del Estado como responsable por la educación nacional. En segundo lugar, se refirió a la desprofesionalización que una evaluación como SIMCE genera, puesto que en lugar de priorizarse el desarrollo integral de los estudiantes y el rol del profesor como creador, la enseñanza se convierte en una instrucción para la prueba. Además, se reduce el currículum y los directores comienzan a gestionar en función de los resultados. A nivel de propuestas de mejora, Núñez se refirió a: la necesidad de que las evaluaciones sumativas realizadas por los profesores de aula comiencen a ser consideradas como parte de un sistema de evaluación nacional; la importancia de mayor formación inicial y continua en evaluación; que exista transparencia con respecto a los procedimientos involucrados en las evaluaciones nacionales; que se genere un equilibrio entre evaluación formativa y sumativa; se restituya la confianza en el trabajo de los docentes; se sancione el uso de los rankings; y la evaluación nacional tenga un uso exclusivamente pedagógico, sin publicación de resultados.
Castillo centró su presentación en la necesidad de comenzar a generar propuestas, en conjunto con las críticas al actual sistema. En esa dirección, propuso: comenzar a hablar de evaluación y no solamente de medición, pues no todo fenómeno educativo se puede cuantificar; hablar sobre qué entendemos por calidad y cuál creemos que es la finalidad de la educación; que la evaluación sea capaz de respetar la integralidad del proceso educativo y no solamente algunos aspectos del aprendizaje; y, de crearse un nuevo instrumento, resguardar que éste no aumente aún más la segregación del sistema escolar. Finalmente, planteó algunas preguntas de cierre, para dejar la discusión abierta: ¿ha servido el SIMCE para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Si no es así, ¿por qué, entonces, se insiste tanto en su continuidad? ¿Para qué nos sirve tener la misma información todos los años, referida a la segregación del sistema escolar, si no se hace nada al respecto?.
Finalmente, la profesora Sáez aludió a la importancia de preguntarnos qué sociedad queremos construir, y desde allí preguntarnos primero si en relación con ello se justifica tener sistemas de evaluación estandarizada. Se refirió posteriormente al contraste entre una cultura de la estandarización, el criterio psicométrico y la tendencia hacia normalizar al individuo, y una cultura realmente inclusiva, donde la diferencia no se integre asimilando al otro a la norma, sino aceptándolo en su diferencia.
La discusión posterior a las presentaciones se refirió a propuestas de acción, tanto desde la idea de un diálogo ampliado entre actores del sistema educativo que hasta ahora no se han encontrado, como de un diálogo profesional entre docentes donde se defina con altura de miras una perspectiva más global del profesorado con respecto a lo que se está actualmente discutiendo en educación y que vaya más allá de la agenda corta. Junto con ello, se aludió a las raíces históricas de la presente discusión, indicando cómo cada vez que en Chile se ha intentado modificar los sistemas de evaluación de altas consecuencias, que socavan los principios de una pedagogía crítica y emancipadora y mantienen las barreras sociales, la evaluación se ha transformado en una discusión política, donde la evaluación de altas consecuencias y, por lo tanto, la mantención del status quo, siempre ha ganado. Por último, se habló de medidas de presión concretas para contrarrestar el efecto del SIMCE sobre las escuelas y la factibilidad de llevarlas a cabo en el corto plazo.