No quisiéramos tener que volver a decir que las niñas y niños son personas, no quisiéramos tener que volver a enfatizar que la cultura humana está constituida desde la diversidad de las existencias que la componen, en sus edades, etnias, géneros, territorios y clases.
No quisiéramos tener que escribir una y otra vez desde y para el mundo adulto en pro de la defensa de la infancia. No quisiéramos tener que decir que hay límites respecto de los/as otros/as, de cualquier otro/a, pero sobre todo que hay un límite infranqueable respecto de la infancia que los/as adultos/as tenemos.
No quisiéramos decir que la fuerza policial es parte de la garantía que un Estado se asigna a sí mismo bajo la idea liberal-moderna de “representar” (en pro de la neutralidad) el ejercicio de los poderes/fuerzas individuales, y que, por tanto, no tiene por sí misma ninguna autoridad, salvo la que le hemos asignado como “representación” del resguardo de un orden compartido, el orden político de la vida democrática en un estado de derecho.
Pero los acontecimientos, el asalto por efectivos de la policía chilena a una escuela de niñas y niños en la localidad de Temucuicui el miércoles 14 de junio, nos obliga a preguntarnos todo lo que ya no quisiéramos tener que seguir nombrando, porque decirlo duele, tanto como duele la ausencia de la voz de esos niños y niñas ahogados/as en gases lacrimógenos, violentados en sus territorios de infancia y en sus experiencias educativas, en sus símbolos culturales del cuidado y la contención. Porque allá, por ser niñas y niños, mapuches, por vivir y estudiar donde lo hacen, nada de eso les permite ser reconocidos como parte de la ciudadanía a quienes esas fuerzas deben representar, resguardar y cuidar.
Porque allá en esa escuela la diversidad es diferencia, minoridad, ausencia de pertenencia a la chilenidad, peligro, otredad insalvable para los juegos de esta democracia liberal hegemónica y adultocéntrica.
Si queremos seguir afirmando el Estado de Derecho, habrá que poder sostener que el Derecho es para todas y todos, que el Estado es garante respecto de todas y todos y que nosotros, la sociedad civil, y el Estado tenemos la responsabilidad de defender la garantía de esos derechos para toda nuestra infancia.
Por eso levantamos nuestra voz por las voces silenciadas, para exigir la defensa de todas las niñas y niños, por las niñas y niños de la escuela de Temucuicui, para denunciar el atropello, la violencia y el olvido de la infancia y sus derechos por parte de la policía de nuestro país.