La cuestión de las Humanidades

Presentación

Encuentro La cuestión de las Humanidades: materiales para la discusión constituyente

13, 14 y 15 de noviembre en el la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile.

En un contexto en que el país atraviesa su “momento constituyente” resulta esencial problematizar la relación entre humanidades y el modo de producción de conocimiento neoliberal. Relación que pasa por asuntos de índole “estructural” –es decir “política”- cuya crítica puede ofrecer “materiales para la discusión constituyente”. 

Hace ya un tiempo que la cuestión de las humanidades irrumpe como problema. Retroceso de fondos para su investigación, subsunción a indicadores de evaluación manageriales son el síntoma de una desarticulación a gran escala promovida por un nuevo modo de producción del conocimiento: el neoliberal. La clásica investidura de la Universidad moderna, en su versión “napoleónica” o “humboldtiana” que exponía un determinado modo de producción orientado a la constitución del Estado-nación, se ve radicalmente descentrada por el nuevo modo de producción neoliberal del conocimiento que la horada desde dentro y la hace estallar en una miríada de agencias privadas que producen un conocimiento que ya no puede aspirar a ser enciclopédico, sino que asume un carácter dispensable pues los soportes de su producción se reparten hacia diversos lugares: agencias acreditadoras, think tanks y, por cierto, universidades, que, en conjunto, han devenido redes en los que se desenvuelve el modo de producción neoliberal del conocimiento. Términos como “crédito”, “capital humano” o “calidad” –provenientes el discurso financiero- inundan el léxico universitario. En Chile, dicho discurso se ha impuesto progresivamente. ¿Por qué? ¿Qué vínculo existe entre transición política y humanidades, entre las reformas privatizadoras y el desplazamiento de las humanidades como campo de pensamiento? No sólo con el conjunto de reformas que privatizaron la educación pública durante la dictadura y en el nuevo marco constitucional de 1980, también con el escaso papel asignado a las comunidades académicas en la discusión acerca de la construcción de la institucionalidad investigativa que ese mismo marco constitucional legaliza.