"La segmentación social ha sido, históricamente, la columna vertebral del sistema de educación pública. Desde que fue publicado el Plan de Constitución para el Estado de Chile en 1813 -probablemente el primer hito educativo republicano- se gestaron las bases del sistema escolar público chileno que se mantienen hasta la actualidad. De este modelo fundado en una "educación para el orden social", se desprendieron dos sub-sistemas: uno para las elites (el Liceo), y otro para los sectores populares (la Escuela Primaria)”, señala la autora de "La escuela en nuestras manos", publicado por la Editorial Quimantú.
Reyes es Doctora en Historia de la Universidad de Chile y su área de investigación es la historia social de la educación. Es Co-investigadora del proyecto "Ideas educacionales en Chile durante la transición a la democracia. La apropiación del movimiento de escuelas efectivas: sujetos, políticas y resistencias (1990-2016)".
Explica la aurora en su investigación que las reformas educativas chilenas han excluido históricamente la memoria social de las comunidades. Las prácticas, las propuestas y los discursos pedagógicos nacidos en el seno de la sociedad civil quedan silenciados y ocultos bajo el paradigma del “consenso educativo”. La autora devela las similitudes entre la actual crisis educativa (2001-2014) y la estudiada en este texto (1921-1932). Busca evidenciar cuestiones de orden estratégico relacionadas con las movilizaciones de la última década.
Respecto a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, cuya promulgación hoy cumple 94 años, esta surgió en medio de un país donde las élites estaban perdiendo el control sobre las movilizaciones, pensaron que la instrucción primaria obligatoria centralizada remediaría el caos social y el extremismo político, ambos productos de la "ignorancia popular".
De esta forma, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria debía imponer un sistema educativo homogeneizante y disciplinador: "Es indispensable dar a todos los educandos una orientación mental homogénea para que sus espíritus converjan y comulguen en una común y armónica verdad", indicaba Arturo Alessandri durante su discusión.
El sistema público de instrucción popular estuvo conformado por una red de escuelas fiscales, municipales y conventuales que impartieron educación gratuita. A partir de la implementación de la Ley se observa una disminución del analfabetismo. En 1895 la tasa total de la población escolar era de 674.955 y la asistencia a escuelas públicas y particulares de 120.920 (17%) mientras que 554.026 (83%) no asistían a clases, es decir, no recibían instrucción. Casi 30 años después la proporción había variado notoriamente: en abril de 1922, de 628.243 niños en edad escolar, se calculaba que 398.585 (63,4%) asistían a las escuelas.
Durante esos años, "convertirse en maestra o maestro de escuela había constituido una alternativa frente al trabajo en el campo o en las fábricas, pero para una cantidad no menor de familias campesinas y obreras la educación pública no había significado una mejora de su calidad de vida".
Al momento de aprobarse la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la realidad de los normalistas no había variado sustancialmente. Dada esta condición, tendieron a identificarse con el movimiento obrero que, a la fecha, exhibía capacidad organizativa e interés por mejorar la educación general del pueblo.
El Lanzamiento se realizará el día sábado 30 de agosto en la Feria "Yo me libro", en Valparaíso, organizada por la Editorial Quimantú. Participarán en el panel de lanzamiento el historiador Gabriel Salazar, el colectivo Diatriba, el Movimiento por la Unidad Docente, Corriente Popular de Educación y la autora Leonora Reyes.
